A cara de perro, y en contraste con la armonía que transmitían los árboles y el verde, el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron claros. «Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales», les dijo el Presidente a los tres gobernadores patagónicos con los que se reunió en los últimos días, y que tienen -los tres- problemas para poner sus cuentan en orden.
A ese pedido desde lo más alto del poder se le sumó una «sugerencia». En sus diálogos de la semana que pasó en Cumelén con Mariano Arcioni (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) -ya lo había hablado días atrás con Omar Gutiérrez (Neuquén)-, Macri reiteró el ofrecimiento a las provincias para que adhieran a un plan de financiamiento de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, incluido en la ley de responsabilidad fiscal firmada por Frigerio y los gobernadores, y que en este momento está en etapa de reglamentación.
Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.
No hay estimaciones del monto que debería aportar el Estado, aunque sí se barajan vías para hacer efectivas las erogaciones: podría hacerse por medio de aportes del Tesoro nacional o fondos del recién creado Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Bajo análisis
Temerosos de que la propuesta genere una demanda excesiva a la que no puedan responder, en la Casa Rosada afirmaron que cada provincia interesada debe presentar un esquema en el que detalle la cantidad de empleados que desea incluir y los montos que necesitaría. «Cuando lleguen las propuestas de cada uno las analizaremos, tomando en cuenta la dimensión de la planta de cada provincia y la factibilidad de ayudarlos», detallaron.
Según la ley de responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a no aumentar su base de personal, y solo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.
También hay un compromiso de los gobernadores de bajar impuestos -sobre todo Ingresos Brutos, una de las obsesiones del Presidente- y de no aumentar el gasto de provincias y municipios. «Estamos muy preocupados y ocupados en el gasto provincial y comunal. Una gran parte de ese gasto es en personal, la idea es no aumentarlo y si es posible bajarlo a través de retiros voluntarios», afirmaron cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está a cargo de la reglamentación de la ley.
Acepten o no la «ayuda» del Gobierno, las provincias estarán en la mira durante 2018 y lo saben. «Vamos a estar muy encima de esa ley y la del pacto fiscal. Necesitamos que se cumplan para bajar el déficit y tenemos herramientas para hacerla cumplir», advierten en el Palacio de Hacienda. Y dan como ejemplo de esas «herramientas» las transferencias de dinero fresco y los permisos de endeudamiento en el exterior, como para que nadie diga que no le avisaron.
No por casualidad Macri empezó por las provincias patagónicas, que -incluida la Santa Cruz de Alicia Kirchner- tienen sus cuentas en rojo. Salta y Chaco, ambas gobernadas por dirigentes peronistas conciliadores con el Gobierno, también están en la mira por el «desorden» de sus cuentas públicas, mientras que en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda reconocen que Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba y San Luis son de las más ordenadas.
«No creemos que se presenten más de diez provincias, porque no todas necesitan de esa ayuda para ordenar su planta de empleados», especularon en el Gobierno frente al flamante plan de reducción de la planta estatal provincial, que según un macrista memorioso tiene bastante en común con el que Macri implementó en la ciudad durante sus años como jefe de gobierno porteño.
Acuña: «La reforma laboral no tiene futuro»
Mientras el Gobierno decide hoy el destino del llamado a sesiones extraordinarias previstas para el mes próximo, en la CGT volvieron a tomar distancia del proyecto de reforma laboral. «No tiene ningún futuro. Es una reforma que no tiene ninguna ventaja, no hay un equilibrio», afirmó ayer Carlos Acuña, integrante del triunvirato que comanda la central obrera. «Hay una campaña de difamación, si alguien hace las cosas mal, que se haga cargo, no hay que generalizar», agregó el gremialista a Radio 10, en referencia a las recientes investigaciones que salpican a algunos de sus pares.
