Parálisis en el Parlamento catalán y semana de comparecencias en los tribunales

A punto de cumplirse dos meses desde que Cataluña celebró sus elecciones, esa región española aún no tiene Gobierno.

El panorama político de Cataluña no se aclara dos meses después de que se esa región celebrara unas elecciones anticipadas que convocó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el apoyo del Senado de España, tras la declaración unilateral de independencia que tuvo lugar en el Parlamento catalán.

Los resultados del pasado 21 de diciembre dejaron un panorama muy parecido al que existía antes de los comicios: los partidos independentistas obtuvieron mayoría de escaños —no de votos, debido al sistema electoral— y entre los partidos constitucionalistas se produjo un trasvase de apoyos a Ciudadanos, que se convirtió en la fuerza más votada.

Candidato imposible

Tras los comicios, Junts per Catalunya (JuntsxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) —los tres partidos independentistas que suman mayoría en el Parlamento— propusieron como candidato a presidente de Cataluña a Carles Puigdemont. Sin embargo, el antiguo mandatario de esa comunidad autónoma y cuatro de sus exconsejeros se encuentran huidos en Bruselas (Bélgica), debido a que la Justicia española les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Por su parte, otros antiguos integrantes de ese Ejecutivo catalán que se quedaron en España y se enfrentan a las mismas acusaciones han pasado por prisión o aún permanecen encerrados, como el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC).

El único paso que se ha dado para avanzar en la presente legislatura ha sido la constitución del Parlamento y su presidente, Roger Torrent (ERC), ya tomó una primera y polémica decisión: tras proponer a Puigdemont como candidato a presidente, aplazó el pleno de investidura convocado para el 30 de enero hasta que no se den las «garantías» necesarias.

Torrent optó por esa vía después de que el Tribunal Constitucional de España advirtiese de la ilegalidad de una investidura no presencial del expresidente catalán. Así, el único camino para que Puigdemont pueda volver a gobernar en Cataluña pasaría por ponerse a disposición de las autoridades españolas y que el juez instructor de su caso, Pablo Llarena, le concediera permiso para asistir al pleno del debate de investidura.

Distanciamiento entre los independentistas

En este proceso se ha observado cierto distanciamiento entre JuntsxCat y ERC. Para los primeros, el único candidato posible es Carles Puigdemont, mientras que los segundos estiman prioritario desbloquear el escenario político, ya que mientras Cataluña no tenga un nuevo Gobierno seguirá vigente la intervención del Ejecutivo español.

Si nadie da un paso, la situación puede permanecer congelada de manera indefinida porque, si no se celebra el pleno de investidura, los plazos no comenzarán a correr. Con este panorama, algunos piensan en la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, formación más votada en los últimos comicios pero que no cuenta con los apoyos necesarios para formar Gobierno.

Previsiblemente, su propuesta sería rechazada, pero si Arrimadas se presentara como candidata alternativa a la investidura comenzarían a contar los plazos, incluso para celebrar nuevas elecciones. En este sentido, la cabeza de lista de Ciudadanos en Cataluña presionaría para que Torrent inicie una nueva ronda de contactos y proponga un candidato alternativo, según ha publicado La Vanguardia.

Sin embargo, JuntsxCat ha rechazado por sistema esa opción y apuesta por reformar la Ley de Presidencia para hacer posible la investidura a distancia de Carles Puigdemont —algo que el actual reglamento no contempla—, una iniciativa que registró el pasado 9 de febrero y la Mesa del Parlamento de Cataluña tiene previsto debatir este martes.

La Audiencia Nacional sí avanza

Mientras continúa la parálisis continúa en el ámbito legislativo, los procesos judiciales avanzan. La Audiencia Nacional tiene abierta una causa por sedición, rebelión y malversación de fondos —entre otros delitos— a los miembros del pasado Gobierno regional. Aunque la mayoría ha evitado la cárcel tras abonar una fianza, aún permanecen en la cárcel Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn.

También se encuentran en prisión incondicional Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente.

Mientras tanto, otros políticos acusados de diseñar y dirigir el proceso de independencia también afrontan procesos legales. Es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, —que este lunes ha declarado ante el juez Llarena y debe abonar una fianza de 60.000 euros para evitar la prisión— o de Anna Gabriel, diputada de la CUP, que está llamada a declarar el próximo 21 de febrero. Josep Lluis Trapero, quien fue responsable de la Policía autonómica catalana hasta que fue cesado por el Gobierno central, también está siendo investigado.