Pacto fiscal: análisis a contrarreloj en La Pampa para revisar los números

El gobernador pampeano Carlos Verna y sus asesores creen que no podrán revisar, pormenorizamente, toda la reforma que propone el presidente Mauricio Macri antes del jueves. Lo mismo ocurre con el resto de sus pares. Condicionan el acuerdo a que haya receptividad a sus reclamos.

A contramano del apuro que tiene el presidente Mauricio Macri para cerrar cuando antes un acuerdo en relación al pacto fiscal, los gobernadores pretenden un poco más de tiempo para analizar las cuentas. Al menos ese es el escenario, actualmente, en el Centro Cívico y en varios distritos del país, según pudo corroborar El Diario de fuentes oficiales.

“Nadie va a decir una palabra hasta no analizar bien todos los números, como corresponde. Es bastante difícil que podamos llegar a tener un panorama lo sufiecientemente claro como para llegar a una firma el próximo jueves”, dijo a este diario una fuente gobernamental.

Para la Casa Rosada, de acuerdo a lo que trascendió en varios medios de comunicación nacionales, solo falta “afinar la letra chica” para acordar la reforma tributaria con los gobernadores.

El secretario de Interior, Sebastián García de Luca, se mostró confiado ayer de que lograrán destrabar la negociación con los mandatarios. Lo dijo en una entrevista con Radio Mitre. El número dos de Rogelio Frigerio también destacó que hay “acuerdo” en los ejes principales del proyecto.

“Estamos de acuerdo en los grandes objetivos”, sostuvo el funcionario. “Están claros los tres ejes: ir hacia un esquema gradual de ordenamiento fiscal, la reducción de la presión fiscal y la discusión del fondo del conurbano”, agregó.

El funcionario resaltó que hay una “negociación” con los gobernadores y que “cada uno trata de defender sus intereses”, pero se mostró confiado de que esos planteos serán atendidos esta semana.

“El acuerdo que estamos planteando tiene costo fiscal neutro para las provincias, ninguna pierde”, señaló. “No negamos la instancia de diálogo y de poder discutir las posiciones”, aclaró el viceministro del Interior, y recordó el caso del impuesto a los vinos y espumantes, en el cual el Gobierno “decidió volver atrás a partir de argumentos lógicos”.

Sin embargo, los gobernadores ponen en duda la rápida firma del pacto fiscal. LA NACION anticipa en su edición de hoy que los mandatarios son escépticos por la diversidad de las demandas provinciales y la profundidad de los cambios planteados. Se encontrarán el miércoles para debatir. Un día después, se volverán a sentar con Mauricio Macri para negociar.

García de Luca dijo que “esta semana” se atenderá el planteo de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien reclama por la rebaja de los gravámenes a la tecnología (17 a 0%) que les quita competitividad a las ensambladoras.

“Lo que vemos con Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne es una salida positiva para poder seguir avanzando en los próximos días”, señaló, según consignó la agencia DyN.

Prioridades
y urgencias

Los gobernadores opositores ven difícil la posibilidad de firmar el jueves próximo el pacto fiscal que el Gobierno les presentó la semana pasada. Los motivos del escepticismo son varios. El principal, coinciden los caciques del PJ, es la heterogeneidad de situaciones, prioridades y urgencias de las provincias de cara a la reforma.

El cambio en el esquema de impuestos que impulsa la Casa Rosada es complejo, afecta muchas variables e impacta en cada provincia de manera distinta.

Algunos ejemplos: hay distritos que, además de las reformas impositivas, tienen pendiente la transferencia de sus cajas de jubilación. Ese proceso está en marcha desde hace más de un año y el Gobierno quiere verlo resuelto como parte del acuerdo.

Las 13 provincias involucradas aseguran que la demora es responsabilidad de la Anses, que todavía no terminó el cálculo de cómo cubriría el déficit de cada caja. El conflicto involucra a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otro ejemplo: la eliminación gradual de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, uno de los ejes de la reforma oficial, se enfrenta a panoramas muy dispares: alícuotas varias según la provincia y niveles de déficit dispares, es decir, márgenes distintos para afrontar recortes en la recaudación de dos impuestos que representan más del 80 por ciento de los ingresos de las provincias, consingó el diario La Nación.

El documento que los gobernadores recibieron el jueves en la reunión con Macri prevé un cronograma común con las metas para la eliminación progresiva de ingresos brutos y sellos. “El cronograma único no tiene sentido. Es inviable. Con tantas alícuotas y con estructuras productivas tan distintas es imposible de cumplir”, planteó el ministro de Finanzas de una provincia del centro que gobierna el PJ.

Demandas particulares

A las disparidades de cada una de las provincias se suman demandas particulares. El planteo de La Pampa ya es conocido. En el caso de La Rioja, por ejemplo, se conoció por estas horas que condiciona la firma del pacto a que la Nación avance en la devolución del punto de coparticipación que perdió en 1988. Desde entonces, la provincia recibe compensaciones por montos fijos. Este año fueron $ 2500 millones, pero en el presupuesto del año que viene no hay beneficios previstos por ese tema. “Si no nos resuelven lo del punto (de coparticipación) no vamos a firmar”, le dijo al mismo diario porteño un dirigente que sigue muy de cerca la gestión del peronista Sergio Casas.

Para Santa Fe, en cambio, la prioridad es que el Gobiermo le pague los 51.000 millones que le debe tras el fallo de la Corte Suprema que obligó a la Nación a devolverles a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% de la coparticipación que desde 1992 se desviaba a la Anses.

Un último ejemplo: la marcha atrás del Gobierno con la eliminación del impuesto a los artículos tecnológicos dejó a la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, en condiciones óptimas de firmar sin oponer resistencia. Sin embargo, la mandataria sólo estampará su firma si puede garantizar que esta semana se selle un acuerdo entre las empresas del sector y la UOM para congelar los salarios de la actividad por dos años a cambio de mantener los puestos de trabajo vigentes.

Otros temas ríspidos de la reforma que para las provincias todavía no están cerrados son el revalúo fiscal, el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la eliminación de subsidios al transporte y la energía y la ley de responsabilidad fiscal. Esta última ya está en el Congreso, pero varios gobernadores cuestionan que el proyecto prevea límites para el endeudamiento de las provincias y no para el de la Nación. La aprobación en el Parlamento podría complicarse.

Pese a los reparos de los gobernadores, en la Casa Rosada no hay dudas de que el jueves terminará con la foto que espera Macri. “Los que no firmen, quedarán expuestos”, deslizaron a La Nación desde un despacho oficial.

El Gobierno está convencido de que las negociaciones uno a uno que desde el viernes existen entre los gobernadores y los equipos técnicos de los ministerios de Interior y Economía llegarán a buen puerto.

Y en que los tres días que faltan para el jueves serán suficientes para garantizar las firmas de todos los jefes provinciales.

Por lo pronto, los gobernadores del PJ y el socialista Lifschitz tienen previsto reunirse el miércoles para evaluar el estado de situación de cada uno. Tienen voluntad de acordar, son conscientes de que enfrentan a un Macri fortalecido, pero no piensan hacerlo a cualquier precio.

Fuente:El Diario