Un grupo que armó una “ecoaldea” se instaló en terrenos toayenses. La Municipalidad pidió que se vayan y el intendente fue durísimo en sus consideraciones. Interviene el Poder Judicial, pero no hay una decisión definitiva.
Los integrantes del colectivo Chakra Raíz, que están acusados judicialmente de “usurpación”, irán finalmente a juicio oral y público. Así lo determinó el nuevo juez interviniente en el caso, que además suspendió el desalojo que en su momento se había ordenado, contaron los propios involucrados.
El trámite judicial aun no tiene fecha, pero fue confirmado por los imputados: Chakra Raíz es un grupo de vecinos que se instaló en un predio de Toay con la idea de defender el paisaje y la naturaleza del lugar y afincarse a vivir en ese sitio, lo cual provocó una reacción de la Municipalidad de Toay.
La causa judicial estuvo en manos del juez Mauricio Piombi hasta noviembre del año pasado, pero tras la feria judicial es Agustín Casagrande el magistrado a cargo del expediente.
La última novedad en el caso es que no se hizo lugar al pedido de absolución, pero al mismo tiempo se dejó sin efecto el desalojo por la fuerza que había sido ordenado por la Fiscalía. En el medio, se cayó la posibilidad de “una solución componedora”, que había sido propuesta por la defensora general Silvina Blanco.
Ahora, los integrantes de Chakra Raíz tienen otro abogado defensor.
El intendente de Toay, Ariel Rojas, cruzó con los tapones de punta al colectivo Chakra Raíz: “Están generando un gran perjuicio a la sociedad”, los acusó. “Provocan molestia en todo el vecindario”, agregó.
Antes de todo eso, el Tribunal de Impugnación Penal rechazó un recurso de inconstitucionalidad que se había presentado contra la orden de desalojo, una medida cautelar que dictó el juez Piombi. En el lugar donde se instaló el grupo, según la Municipalidad de Toay, se iba a construir un barrio de 120 viviendas del FONAVI.
Piombi formalizó a los quince integrantes de Chakra Raíz por el delito de usurpación con acceso desde la clandestinidad en ausencia del poseedor. Los imputados son María Soledad Morales, Anahí del Mar Montes Saavedra, Paola Simón Medina, Agustín Di Francisco, Marco Aurelio Bravi, Johana Gabriela Dalma, Nildo Javier Loiza, Gabriel García, Santiago Castellani, Fernando Sánchez, Rubén Llanos Peña, Ezequiel Mirasol, Gabriela Sosa, Ana Belén Durán, Malén Camila Estévez. En el acto de formalización, Ordás recordó que el 7 de octubre de 2015 una funcionaria del IPAV radicó la denuncia en la Comisaría de Toay.
