Entre los economistas profesionales, y también entre quienes están dentro de las máximas autoridades del Gobierno, ya no se discute que el principal responsable de la alta inflación que afecta a todos los argentinos -en proporción creciente a medida que se baja en la escala de ingresos- es el abultado déficit fiscal.
Para reducirlo y aliviar la tarea que hace el Banco Central a través de una política monetaria restrictiva, entendida por la fijación de una tasa de interés de referencia muy por arriba de las expectativas de inflación a un año, hay dos caminos posibles, más sus combinaciones: 1. que suban los ingresos tributarios, principalmente por la vía del aumento de la actividad económica; y 2. que bajen los gastos, en ambos casos respecto de la tasa de inflación pasada.
A 16 meses de Gobierno, los datos fiscales correspondientes al primer trimestre mostraron muy modestos progresos: los ingresos totales de la administración nacional, sin sumar los recursos extraordinarios del blanqueo, se elevaron 4 puntos porcentuales menos que la inflación; mientras que el gasto antes del pago de intereses de la deuda se elevaron al compás del alza de los precios.
