El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas presentó ayer un duro informe sobre la Argentina en el que solicitó al Gobierno de Mauricio Macri que “implemente en su totalidad las opiniones que vertió” sobre el país. Entre esas opiniones se encuentra el “llamamiento urgente” que realizó en octubre pasado para que sea liberada la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida en Jujuy, según el organismo dependiente de la ONU, de manera “ilegal”. “La observación persiste”, remarcó ayer Sètondji Roland Adjovi, referente del GTDA junto Elina Steinerte, durante la conferencia de prensa realizada tras 10 días de visitas y entrevistas en distintos puntos del país. Además de ratificar el reclamo por Sala, realizaron un detallado cuestionamiento referido a la aplicación de la prisión preventiva, el carácter “discriminatorio” del sistema de justicia penal, las “amplias” facultades de la Policía para detener o “demorar” personas y la detención de chicos y chicas menores de 16 años.
La conferencia en la que el GTDA de la ONU difundió las conclusiones preliminares de su visita al país –durante diez días recorrieron 19 cárceles, comisarías y centros de detención en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Chubut– fue esperada con expectativas que giraron, sobre todo, en torno de la situación de Sala y el resto de los militantes de la Tupac Amaru que permanecen detenidas y detenidos desde hace más de un año en Jujuy. Es que ese organismo internacional fue el primero que opinó contrariamente al Gobierno nacional de Mauricio Macri y jujeño de Gerardo Morales en relación a la detención de Sala, presa en condición preventiva desde enero de 2016 y determinó, en octubre pasado, que la dirigente social debía ser liberada. Sin embargo, ayer, sus referentes estuvieron determinados a no hacer declaraciones sobre ningún caso en particular
Por Ailín Bullentini
“Nuestra visita no fue para seguir ningún caso en particular ni verificar ninguna opinión anterior del grupo. Visitamos a Milagro Sala entre otras tantas personas detenidas”, apuntó Steinerte. Con más o menos palabras, ella y su colega evadieron referirse a la situación puntual de Jujuy, consulta insistente en la conferencia de prensa. No obstante, Adjovi admitió que la observación que había realizado el GTDA en octubre “persiste” y el Gobierno argentino “debe decir cómo van a implementarla”. Además de visitar la cárcel de Alto Comedero, los referentes del grupo –integrado por cinco expertos en derechos humanos– confirmaron que se reunieron con autoridades judiciales y gubernamentales de la provincia. También lo hicieron en Buenos Aires y en Chubut, así como a nivel nacional, con funcionarios a los que solicitaron “que el Gobierno implemente en su totalidad las opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina”.
A fin del año pasado, tras un planteo realizado por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Macri pateó la pelota hacia adelante apostando a revertir la situación durante la visita que concluyó ayer: “Le hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy que se están respetando todos los derechos humanos y las leyes vigentes en argentina”. El GTDA no modificó su postura.
Informe preliminar
Los expertos del GTDA llegaron el pasado 8 de mayo a Argentina. En diez días visitaron 19 cárceles, comisarías y centros de detención; entrevistaron a más de 200 hombres y mujeres allí alojados detenidos; se reunieron con autoridades gubernamentales, judiciales y referentes de la sociedad civil. Transcurrieron 15 años desde su última visita al país, en 2003, por lo que mostraron “aprecio” de la invitación que el Gobierno nacional les concedió el pasado diciembre. “Lamentablemente, hay observaciones que realizamos entonces que permanecen sin modificaciones”, apuntó la referente letona (ver aparte). Hacía cuatro años que querían recorrer el país. El informe preliminar fue entregado a las autoridades nacionales ayer mismo con lo cual “aún es pronto para recibir respuestas”, indicaron en la conferencia los miembros del GTDA. “Vinimos a aquí por una invitación del Gobierno que entendemos como un compromiso de acompañar, escuchar nuestras recomendaciones y tomar decisiones. Esperamos que lo haga”, sostuvo la experta letona, quien además acudió a la atención de “toda la sociedad”: “Todos deben cumplir su parte. Las autoridades pero también la sociedad en su conjunto que no debe mirar para otro lado”.
Desigualdades
En su informe preliminar de observaciones que difundieron ayer –el final será presentado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su período de sesiones ordinarias de septiembre de 2018, o sea en un año y medio–, los miembros del GTDA realizaron algunas pocas evaluaciones positivas y numerosas observaciones y advertencias destinadas a realizar mejoras para reducir la población en situación de detención arbitraria.
En ese sentido, los expertos denunciaron que la población en situación de encierro o proclive de ser detenida o demorada por las autoridades es desigual: “Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, remarcaron durante la conferencia de prensa. Advirtieron que “el sistema de justicia penal acuerda un tratamiento marcadamente diferente a aquellos que provienen de un entorno humilde o aquellos que participan de protesta social y esto debe abordarse de manera prioritaria”, apuntaron.
En ese marco, mencionaron las “amplias facultades” de la policía para privar de la libertad o “demorar” a personas “por la sospecha de haber cometido delito o para verificar su identidad”, así como la tendencia del Poder Judicial a “otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva” que resulta en que “el 60 por ciento de los detenidos son preventivos” a pesar de que por ley la prisión preventiva es de “carácter excepcional”.
No obstante, no toda la población en conflicto con la ley penal es beneficiaria de ese privilegio, señalaron los expertos de la ONU. Por un lado, marcaron en su informe preliminar que “la prisión preventiva es mucho más habitual en sospechosos pertenecientes a grupos vulnerables, algo que es discriminatorio y violatorio de normas internacionales”. Luego, destacaron con “consternación” la represión a comunidades indígenas “en ocasión de protestas realizadas con el fin de defender derechos emanados de convenios internacionales”. Además, delimitaron el universo que más sufre las amplias facultades de la policía para detener y demorar: “El grupo recibió información sobre la privación de la libertad en contexto de protestas sociales y públicas por parte de miembros de distintas comunidades entre las que se incluyan pueblos originarios, sindicatos y movimientos políticos y sociales”, apuntaron y recordaron que en el país existen garantías legales nacionales e internacionales al derecho de reunión y que el Estado “debe abstenerse” de impedirlo.
El GTDA se alarmó de que “las comisarías alberguen detenidos durante período prolongados”, determinó que esos espacios “no están equipados para tal fin” y que su personal “policial no es idóneo ni se encuentra capacitado”. En ese marco, les resultó alarmante recibir manifestaciones sobre el uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios. “Estas prácticas deben cesar de inmediato”, aportaron los expertos. Por último, instó a las autoridades a que “garanticen que no suceda” más hechos de detención de chicos y chicas menores de 16 años. Por último, lamentó la adopción del DNU 70/2017, que modificó algunas disposiciones de la Ley nacional de Migraciones generando retrocesos en la protección de los derechos de los migrantes en el país. “La detención de migrantes debe ser excepcional, y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado”, agregaron.
