La Oficina Anticorrupción, en su rol de querellante, pidió hoy que en el juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor del grupo Austral sean citadas 45 personas que aún no declararon. Entre los nuevos testigos aparecen la diputada Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Mariana Zuvic, Fernando Sánchez, Leonardo Fariña y varios periodistas.
En ese expediente, ya están procesados y van a juicio oral la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y Lázaro Báez, entre otras personas. Hace pocas semanas, se confirmó el procesamiento de Martín Báez y de ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional que también serán juzgados.
En el escrito de ofrecimiento de prueba, al que accedió Infobae, la OA también pidió que sean citados 12 testigos que ya expusieron ante el juez de primera instancia, y que se incorporen al juicio una serie de documentos, entre los que aparecen informes aportados por Vialidad Nacional; documentación y prueba informativa aportada por entidades estatales y privadas; documentación del entramado societario del denominado «Grupo Báez»; operaciones inmobiliarias realizadas por las empresas del grupo, documentación contable e informes aportados por AFIP, entre otras pruebas.
En esta causa se investiga un complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, «que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos». En los procesamientos, el juez Ercolini enumeró la «designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez».
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En marzo de este año, el juez dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a juicio.
Para la OA, Cristina Kirchner es coautora del delito de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando unos 46 mil millones de pesos.
