Inesperado giro en la causa por el millonario contrato de Cerro Dragón

Sobre el cierre del año judicial, uno de los expedientes más sensibles que se tramitan en la Corte Suprema registró un vuelco sorpresivo. La Unión de Consumidores de Argentina desistió de su reclamo judicial para que se declare la nulidad del contrato de explotación del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta 2047, en favor de Pan American Energy (PAE).

El inesperado giro de la entidad de consumidores llegó tras cuatro años de batallar en tribunales con PAE, pero también con el Estado nacional -en particular, el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido -, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut. Pero tras argumentar que la concesión y su prórroga atentaban contra el interés público y los derechos de los argentinos, ahora sostuvo que cambiaron «las condiciones» y se bajó de la pelea judicial.

El desistimiento llegó sin que mediara en el expediente ninguna novedad que complicara sus posibilidades. Por el contrario, lo último relevante fue en marzo de 2017, cuando la procuradora subrogante, Adriana García Netto, opinó que el expediente debía tramitarse en la Corte, como instancia originaria, por su «manifiesto contenido federal».

Pero el 27 de diciembre la Unión se presentó con una nueva abogada y acompañó el acta de la asamblea celebrada una semana antes. Por unanimidad aprobaron desistir de su reclamo, porque «las condiciones al momento de la interposición de la demanda a hoy han variado».

Pedido de aclaración

La Corte aceptó la presentación de la letrada, pero le pidió que aclare «debidamente el desistimiento», para evitar confusiones en un expediente que debe analizar una operación que la entidad había definido como «uno de los contratos más grandes de la historia», para luego cifrarlo en US$ 100.000 millones.

«La nueva comisión directiva fue elegida el 3 de diciembre y decidimos revisar todos los procesos en curso», indicó la nueva presidenta de la Unión de Consumidores, Adriana Malek.

En los tribunales, la entidad deberá clarificar en febrero cuál es el alcance de su decisión -si solo se baja de ese expediente o de todo su reclamo por Cerro Dragón- y luego la Corte definirá si acepta el desistimiento o se limita a rechazar su competencia originaria, lo devuelve al juzgado de primera instancia y que allí se resuelva el planteo de la entidad.

Para PAE, la novedad resultó una noticia inesperada. «Si desistieron, bienvenido sea», indicaron a LA NACION, aunque extremaron la cautela. «Acá [por PAE] no vamos a aflojar, pero si desistieron, mejor así».

¿Por qué tanto ruido rodea a Cerro Dragón? En abril de 2007, el gobierno de Chubut firmó un contrato con PAE -integrada por Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y British Petroleum-, y le otorgó una prórroga para explotarlo hasta 2027, con compromisos para llevarlo hasta 2047. Ese acuerdo original de 2007 acumuló denuncias en la Argentina, lo que derivó en una investigación que quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y en Estados Unidos, donde British Petroleum, denunció ante la Comisión de Valores (SEC) el presunto pago de sobornos al negociar y firmar ese contrato.

«La autodenuncia de British Petroleum ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable», afirmó el entonces presidente de la Unión de Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien reclamó la creación de una comisión investigadora.

PAE siempre sostuvo que se trató de algo muy distinto. Por eso, afirmó que la ofensiva de la Unión de Consumidores y otros denunciantes respondía a intereses ocultos -entre ellos, el empresario kirchnerista Cristóbal López -, deseosos de sacar alguna tajada multimillonaria del yacimiento Cerro Dragón.

De hecho, la batalla en los tribunales incluyó pesos pesados, incluidos los abogados. Así, por la Unión de Consumidores, en un primer momento se presentaron los exministros Jorge Vanossi y Roberto Dromi, en tanto que por Carlos Bulgheroni apareció León Arslanian.

En Washington, la denuncia de British Petroleum llevó a la SEC a iniciar una investigación junto al Departamento de Justicia, en la que declararon Manzano y ejecutivos de PAE. Pero con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones, aunque no de modo definitivo, según indicaron fuentes estadounidenses consultadas por LA NACION.

En Comodoro Py, por su parte, todos los acusados negaron cualquier irregularidad o delito en las negociaciones, y en julio de 2017 Canicoba Corral sobreseyó a José Luis Manzano, Jorge Alberto Aidar Bestene, Walter García Moreno y Ricardo Mallo Huergo.

En mayo pasado, Canicoba Corral indagó al director de YPF por Chubut, Néstor di Pierro, quien desmintió a un testigo que dijo haberlo escuchado relatar que la supuesta coima habría ascendido a US$40 millones, de los que US$27 millones habrían sido para el fallecido gobernador Mario Das Neves y otros US$13 millones para funcionarios provinciales. Di Pierro confirmó la existencia de aquel encuentro, ocurrido a mediados de septiembre de 2013, pero negó haber dicho algo así.