La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo representa una gran conquista de derecho. No obstante, los informes de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación dejan claras las enormes desigualdades en la garantía de estos derechos consagrados en el marco legal vigente. En 4 de las seis zonas en que se organiza el sistema de salud provincial, no se han podido bajar las tasas de niñas violadas obligadas a parir (de 9 a 15 años). El grupo subsiguiente de 15 a 20 tampoco representa una reducción significativa.
En Misiones, a las adolescentes de 15 años embarazadas las obligan a gestar y parir © Jose Nico
Uno de los grandes desafíos es cómo garantizar estrategias a nivel de nuestras redes, articulando con el Estado y demás actores en todo el territorio para garantizar derechos. Considerando las enormes desigualdades en el acceso a la información y los servicios que suelen concentrarse en las capitales y ciudades más desarrolladas.
Misiones tiene una pirámide poblacional muy joven, altos índices de pobreza, aproximadamente el 60 por ciento de nuestra población depende absolutamente de la salud pública, dificultades para el acceso al agua potable y al sistema de cloacas. La pandemia contribuyó a la expulsión del sistema educativo de muchxs niñxs y adolescentes. Tenemos explotación laboral y explotación sexual con fines comerciales de niñxs y adolescentes. La naturalización de las violaciones incestuosas paterno filiales en Misiones casi triplica la media nacional de delitos sexuales. Es un centro de captación y traslado de la trata de personas, facilitado por la triple frontera. Es una provincia con un enorme avance de los sectores religiosos conservadores tercerizando aquellos servicios que el Estado debe brindar. El sistema de salud y el de Educación, están semi privatizados y tercerizados. La educación privada religiosa tiene gran desarrollo y las escuelas públicas que deberían ser laicas, a menudo no lo son.
Ni siquiera en los hospitales públicos y centros de salud figura la cartelería oficial de nación para acceso a la información sobre derechos y servicios, los arrancan los propios efectores de salud y guardias de seguridad en nuestra cara. Los reglamentos institucionales, protocolos vigentes y acuerdos de convivencia tanto en el sistema de salud, como en el educativo y el de protección, violan el marco legal vigente, provocando burbujas donde los derechos son legalmente violentados. Las infancias de los pueblos originarixos no reciben protección, no están previstas las articulaciones entre organismos. También hay criminalizadas por eventos obstétricos o por llevar a su niña violada a que se practique una ILE en el sistema privado.
Por otro lado observamos, el incremento de criminalizaciones y obstaculizaciones ante cada conquista de derechos, después del fallo F.A.L. de 2012 y en 2018 luego del debate público por la LEY y nuevamente a partir de diciembre de 2020. El Ministerio de Salud de Misiones aprobó el 8 de marzo de 2021 la resolución 493, protocolo de Ile/Ive contrario a la ley 27.610 y legaliza así sus protocolos ocultos obstaculizadores. Esto implica que debemos plantearnos nuevas estrategias. En el caso de las criminalizaciones de abortos y eventos obstétricos, las carátulas son mayormente por homicidio y enfrentan la pena máxima.
Son múltiples y diversos los relatos sobre las maniobras dilatorias a las que son sometidas las personas que acuden a solicitar la IVE. Estas son, entre otras, la solicitud de entrevista con la psicóloga del Servicio Social y la exigencia para realizar una ecografía, turnos que suelen demorarse por diversas razones. Ante esa situación, la estrategia implementada ha sido sugerir a estas personas que antes de concurrir, llamen al 0800-222-3444, linea de salud sexual de la Nación. De lograr establecer una comunicación (cosa que se está haciendo cada vez más difícil), concurren al turno según cita asignada por la línea y se eliminan los requisitos previos mencionados.
La situación en estos territorios es verdaderamente caótica y las iglesias o hasta el mismo personal de Salud lo único que hacen es ocultar información o desinformar en cuestiones de derechos de salud sexual y reproductiva. Los dispenser de preservativos los fines de semana están vacíos. Entran en un parto de riesgo y encima tienen que derivarla a otro hospital porque no lxs pueden atender en su ciudad.
Nos encontramos con situaciones de máxima vulneración de derechos, cuya complejidad es de difícil abordaje y precisa mayores recursos y otro tipo de acompañamientos para poder abordarlas.
*integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Misiones y referente por zona sur de la Regional Misiones. Integrante de la Red Nacional de Docentes por el Derecho al Aborto, regional Misiones.
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