El Viejo era el jefe y disponía de las chicas

Los títulos de las noticias en medios de todo el país decían: Imputaron a Ariel Máximo “el Viejo” Cantero por el abuso sexual a una menor en la cárcel. El fundador de la banda narco Los Monos cometió –junto a su pareja Rosa Bibiana- delitos contra la integridad sexual de una niña entre sus 13 y 15 años. Durante todas las audiencias, la víctima –hoy de 20 años- estuvo allí sentada, representada por un abogado que actuaba en tándem con el defensor del acusado. 

Ariel Máximo Cantero cumplió una condena por integrar Los Monos y ahora enfrenta otras causas.© Andres Macera

“Sólo quiero decir que se termine esto, ya está, tengo 20 años, estoy haciendo mi vida, tengo mi novio, tengo mi trabajo. Esto fue hace tres años atrás y yo quiero que se termine ya”, expresó la chica ante la jueza Valeria Pedrana. La acusada es su tía, y está representada por la defensa pública. Lo que devela esta causa investigada por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Carla Cerliani, es el lugar de sumisión de esta niña –y su madre- en una estructura delictiva. Por eso, tanto en 2019 como ahora, pidieron que no se avance en la acción penal. Pero el Estado tiene la obligación de investigar estos gravísimos delitos y también debe liberarla del miedo ante el avance de la causa. El otro dato que surge es el incumplimiento de la protección integral prevista por ley, que había sido solicitada por la justicia.

La causa se inició en noviembre de 2018, cuando el Viejo Cantero estaba detenido en Piñero como integrante de la asociación ilícita conocida como Los Monos. En la investigación sobre balaceras contra edificios públicos y comercios, la Fiscalía de Gravedad Institucional ordenó una requisa, y encontraron teléfonos celulares dentro de una heladera. En uno de esos dispositivos, que tenía una selfie del Viejo, se recuperaron –habían sido borradas- unas 300 fotos de mujeres en poses eróticas, algunas con la frase “Ariel te amo” escrita en el pecho o la cola. Entre ellas, había una niña, la sobrina de Rosa Bibiana, pareja de Cantero. De ella había 28 fotos, donde está desnuda o en poses sexuales. En varias se veía de manera indudable que la tía –en una – y el tío –en todas las demás- abusaban sexualmente de su sobrina en la celda.

El Viejo Cantero estuvo detenido entre mayo de 2015 y 2020 en Piñero. Cumplía una condena de seis años de prisión por integrar la asociación ilícita que hoy lidera su hijo “el Guille”. Durante esos años, la niña lo visitó en varias oportunidades, siempre llevada por su tía. La primera visita se registró el 25 de septiembre de 2015, cuando tenía 13 años. Con 14 años tuvo siete ingresos y con quince fue a verlo siete veces más.

Cuando los fiscales encontraron las fotos, derivaron la causa a la Unidad de Delitos Sexuales. La fiscal Alejandra Raigal entrevistó a la niña –todavía no tenía 18- y a su madre, a quien le dijo que se habían encontrado fotos de connotación sexual explícita de su hija con su cuñado y su hermana. “Me deja helada”, dijo la mujer y contó que la niña dejó de ir a la cárcel porque ella se lo pidió, ya que no le gustaba que estuviera en ese ambiente. Expresó que tenía miedo, estaba angustiada y no quería que le pasara nada a su hija.

Por su parte, la adolescente aseguró que nunca se había tomado fotos desnuda, que no podía ser ella, que hacía un año que no iba a visitar a su tío porque su mamá se lo pidió y que, cuando iba, lo hacía para ayudar a su tía. Cuando empezó a ir, tenía 12 años. La chica contó que Ariel era “como un padre” para ella. En ese punto, se angustió y lloró. Cuando le mostraron una foto donde él le tocaba la entrepierna, la chica dijo: “Esta soy yo, pero no está haciendo nada mi tío, me abraza y nada más”.

Ese mismo día, Raigal habló de nuevo con la madre de la víctima. Allí, la mujer dijo que había hablado tanto con su hija como con su hermana. Y lo más llamativo: que ellas querían “estar tranquilas” y no deseaba exponer más a su hija. Así las cosas, la fiscal Raigal decidió desestimar la causa, aunque aseguró que había delito –que ya no es de instancia privada- y dio intervención, a través de oficios, a las direcciones municipal y provincial de Niñez, para que tomen medidas de protección a la niña.

La historia delictiva de Cantero continuó. Los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone –de la Unidad de Balaceras- pidieron reabrir la causa este año, tras una nueva detención  del Viejo y su pareja en la casa donde vivían, en el mismo predio que la joven abusada y toda la familia materna. Ahora, Cantero y Rosa Bibiana están acusados de ser cabecillas de otra asociación ilícita, dedicada a cometer balaceras, hechos de extorsión, controlar la venta de estupefacientes y provocar otros actos de violencia. El 27 de abril, en el allanamiento, se encontraron 18 caballos en mal estado de salud, seis gallos de riña (y dos rings para peleas), galgos y pájaros de varias especies. Una de las acusaciones es por maltrato animal. Además, incautaron 88 cajas de alimentos del Plan Cuidar de la Municipalidad de Rosario destinados a comedores y personas en condiciones sociales vulnerables, así como 8.000 kilos de alimentos a granel.

Para pedir que se investigue el abuso sexual de la joven, los representantes del Ministerio Público de la Acusación tuvieron en cuenta “la asociación criminal que están dirigiendo y el contexto en que se encuentra esta hoy joven y víctima de los hechos, respecto de la obligación que pesa en el Estado y los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de la Acusación de avanzar en investigaciones que afectan la integridad sexual y los contextos de violencia de género contra niñas, niños adolescentes y mujeres, cuyo consentimiento se encuentra altamente minado por el contexto en el que se encuentran”. Ante este pedido, la fiscal regional María Eugenia Iribarren decidió, el 9 de mayo pasado, la reapertura.

Lo que hizo Cerliani –ya que las fotos tienen una elocuencia indubitable- fue recopilar información y documentación de contexto para demostrar la triple vulnerabilidad de la víctima. Durante la audiencia, la funcionaria recordó que las visitas en las que se cometieron los abusos fueron dentro de la celda. Que la adolescente tiene sobrepeso, tartamudeo y repitencia, a los que calificó como “indicadores inespecíficos en la bibliografía de abusos sexuales en las infancias”. La chica recién terminó de aprender a leer, escribir e interpretar textos a los 15 años.

“Solicité informes de la Dirección Provincial de Niñez para que me digan las intervenciones que habían hecho con esta niña, que insisto, se advertía que era víctima de un delito. Me respondieron que no habían recibido nada. Insisto en que tenemos sello de recepción y que no han intervenido. Le pedí al Servicio local de niñez y en el mismo sentido, informaron que no intervinieron a pesar de que se les pidió intervención. Esto da muestra del contexto de extrema vulnerabilidad y soledad en que se encuentran estas personas, niños, niñas y adolescentes altamente vulnerables, en situaciones donde ninguna institución del Estado decide intervenir, como sí lo hubiera hecho en cualquier otra situación de este tipo”, expresó Cerliani.

Por otro lado, la fiscal indagó en los pedidos de ayudas sociales al Estado que había realizado la familia de Rosa Bibiana, la pareja del Viejo. Si bien el apellido ha sido publicado, en esta nota se preserva por la intimidad de la víctima, cuyo nombre tampoco se publica. “Existen dos momentos de la familia”, contó Cerliani. Eran muy humildes, vivían en una zona que es casi un descampado. Felipa, la madre de varias hijas –entre ellas Rosa Bibiana- siempre fue “muy cuidadora y referente”. Tenían caballos y otros animales para su subsistencia diaria, en viviendas “muy, muy” precarias. Hasta 2015, la familia demandaba al Estado recursos económicos para afrontar sus carencias materiales –y para acceder a “beneficios y derechos”- de manera permanente. “Hay un período que empieza en 2016, cuando hay una desvinculación de las instituciones de primer nivel de asistencia y acceso a derechos. Y esto coincide con el momento en que Rosa Bibiana tiene vinculación con Cantero y también con el período en que se encuentra acreditado que se realizaron estos delitos contra la integridad sexual contra esta menor de edad”, expresó Cerliani. Lo que queda de manifiesto es la sujeción económica de la familia a las actividades ilícitas del Viejo.

Lo mismo pasó con la asistencia de la adolescente a centros de salud estatal del barrio, que se discontinuó para pasar a hacer “un picoteo” en diferentes hospitales. “No emerge ningún tipo de abordaje interdisciplinario, que sí se hacen respecto de otros niños y niñas con los que se trabaja en territorio y vemos a diario”, dijo Cerliani.

En la familia de la adolescente vulnerada prevalece el silencio y el rechazo de cualquier medida de protección dispuesta desde el Estado. “Las posibilidades de intervención son nulas dada la modalidad críptica de la familia y esto se profundiza cuando ya no dependieron de esta subsistencia económica de parte del Estado. Ahí se fueron rompiendo los vínculos y estos niños y niñas quedaron librados al arbitrio familiar, en un contexto de inaccesibilidad de las instituciones”.

Y si se pudo conocer la vulneración de los derechos de la joven, fue porque la Fiscalía los encontró accidentalmente en la pericia de un teléfono, realizada por otro motivo.

La negativa de la chica a seguir con la causa tiene sus motivos. Para desentrañarlos, la fiscal toma en cuenta la angustia de la adolescente al admitir que ella era la de las fotos y al relatar que Ariel era como su padre. Esto le permite a Cerliani considerar que “es un proceso casi similar al de la retractación. No se puede hablar de retractación en términos jurídicos y en un contexto de violencia de género, porque no hubo un revelamiento inicial, pero el análisis contextual nos permite dar cuenta cuáles son los motivos por los cuales la chica no admitió el abuso sexual”. La palabra que sobrevuela es el miedo.

Por eso, la fiscal afirmó que no es necesario “molestar” a la joven para continuar con la causa, porque es obligación “constitucional y convencional” del Ministerio público avanzar en la investigación de una gravísima vulneración de derechos. “Estamos en un marco constitucional y convencional que nos obliga a investigar las violencias contra las mujeres, y más aun, reforzadamente en este tipo de casos”, dijo Cerliani. Los mismos mandatos plantean que se debe hacer una investigación de contexto para evaluar las asimetrías de poder que existen entre la víctima y el agresor.

¿Por qué la triple vulneración en este caso? “No sólo estamos hablando de una mujer menor de edad sino también de la sobrina de Rosa Bibiana y Ariel Máximo. Sabemos del rol atribuido en la asociación ilícita, de la que no sólo son miembros sino son los máximos jefes, en una estructura que ya tiene hoy alrededor de 30 personas ya imputadas y en prisión preventiva. Los definimos como los dueños de un territorio, que son amo y señora de un territorio donde todas las controversias son resueltas con el visto bueno de ellos”, definió el fiscal Carbone.

Lo reforzó Cerliani. “Había una relación absolutamente asimétrica de poder entre la víctima y las dos personas adultas”, dijo y recordó que Cantero cometió “los abusos sexuales cuando cumplía una condena”. Todo esto configuró “un contexto de desigualdad estructural, de dominación, de autonomía restringida”.

En la audiencia imputativa, la jueza Pedrana accedió tanto a la calificación legal como a la prisión preventiva –aunque los dos ya están detenidos- y consideró: “Estamos frente a una hoy mujer que fue abandonada por el Estado, especialmente por las instituciones que debieron brindarle apoyo. Ni la escuela, ni las áreas de Niñez, de primero ni de segundo nivel, ni el centro de salud barrial, cuyo último contacto fue a los 11 años, adoptaron ninguna acción. La han dejado sola sin darle la más mínima contención. Es llamativo que ninguna institución haya tomado intervención como sí ocurre en muchos otros casos”.

Subrayó que lo ocurrido deja “una serie de preguntas” sobre las “conductas omisivas de funcionarios públicos, que estaban a cargo del ingreso y control de visitas en el Servicio Penitenciario” y permitieron que estos delitos se cometieran sobre una niña en un lugar donde debía estar a resguardo. Sobre la joven que sufrió los abusos, la jueza consideró que “indudablemente, más allá de que ella no lo acepte, no lo quiera ver, o no lo crea, es víctima”.

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