El macrismo quiere confiscar la fibra óptica de la CPE

Luego de dar marcha atrás en su intento por gravar con el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas, el presidente Mauricio Macri vuelve a la carga contra el movimiento cooperativo a través de la denominada “Ley Corta” de Telecomunicaciones que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un ex directivo del Grupo Macri, envió al Congreso de la Nación.
La norma fue largamente reclamada por la española Telefónica -su envío al parlamento coincide con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy, y un grupo de empresarios ibéricos- y la mexicana Claro, dos compañías multinacionales que nunca invirtieron en fibra óptica. El proyecto de ley habilita a las telefónicas a dar televisión satelital, pero obliga a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura.
El movimiento cooperativo objeta el artículo 2 del proyecto, justamente el que obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a “facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.

 El diputado justicialista por La Pampa, Sergio Ziliotto, fue uno de los que en las últimas horas salió a denunciar lo que consideró una maniobra para agrandar el negocio de los privados en detrimento de cooperativas y entes públicos. “Concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de AR-SAT. Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”, dijo.
El legislador anticipó que, junto a un grupo de diputados y senadores, intentará modificar el proyecto e incorporar en su articulado que las empresas provinciales y las cooperativas accedan a licencias plenas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. “Son, claramente, los únicos actores que podrán regular la calidad y el precio de las telecomunicaciones. Si no, vamos a un escenario de mayor y concentración y cartelización”, opinó Ziliotto.
El legislador pampeano forma parte de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el proyecto de Macri pero también las iniciativas sobre la temática que surgieron del propio Parlamento.
El proyecto que defenderá el ministro Ibarra en el Senado es presentado por el Casa Rosada como un beneficio para el país puesto que, según aseguran, contribuirá a reducir la brecha digital, promoverá la competencia del sector, favorecerá las inversiones y dinamizará el mercado, facilitará la oferta de servicios y su calidad y reducirá los precios a los consumidores y usuarios.
Sin embargo, los detractores de la iniciativa aseguran que no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entes oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado.
Para el movimiento cooperativo, el proyecto oficial tiene reservado el lugar de meros operadores móviles virtuales y reconoce derechos a aquellas empresas cooperativas que ya prestan telefonía fija y TV por cable en localidades menores a 80 mil habitantes. Para La Pampa, queda excluida la ciudad de Santa Rosa, donde la CPE logró quebrar los monopolios de telefónica, primero, y Cablevisión (Grupo Clarín), después.

Vaciamiento de AR-SAT.
Además del perjuicio a las entidades solidarias, Ziliotto mencionó que solapadamente la “ley Corta” es un intento de apropiación de las Bandas de Frecuencia que la Ley 27208 asigna en forma exclusiva a AR-SAT, a través de su artículo 11º: “Resérvanse con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente ley.”
El proyecto que impulsa Macri para congraciarse con las telefónicas deroga el Anexo II y faculta al Poder Ejecutivo a disponer de las frecuencias. “Ahora podrá ser asignada a los operadores privados, los únicos actores autorizados como operadores de los servicios de telecomunicaciones. Esta infraestructura, de una colosal importancia para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ya no será reservada para que el Estado Nacional cumpla funciones indelegables”, advirtió Ziliotto.
En septiembre del año pasado, el diputado justicialista había presentado un proyecto propio que establecía que parte de las bandas de frecuencia fuera asignada a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas, entes a los que consideró claramente capacitados para suplir el vacío que no ha ocupado el Estado Nacional. El proyecto proponía que puedan ser Operadores de Red, con licencias plenas de derechos (no virtuales) para no depender de acuerdos con las prestadoras privadas.

Cooperativas advierten sobre la “Ley Corta”
Con la presencia de representantes de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda. y de la Subsecretaría de Cooperativas del gobierno provincial, se realizó en la sede de la Corpico una reunión para abordar temas referidos a la TV por cable en La Pampa.
Formaron parte del encuentro, autoridades del Consejo de Administración, encabezado por su titular Pablo Zampieri, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Claudio Gordillo, y Alberto Calvo, representantes de Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión).
Colsecor, con sede en la ciudad de Córdoba, es una entidad con la cual la Corpico está asociada, al igual que las cooperativas que brindan servicio de TV en las distintas provincias. Gordillo explicó que en la oportunidad “intercambiamos aspectos en cuanto al funcionamiento de las telecomunicaciones en la actualidad, en la provincia y el país”.
Representantes de entidades solidarias realizaron una reunión para analizar el proyecto presentado “Ley Corta”, donde advirtieron sobre los aspectos que “habilitan a las telefónicas a brindar TV por cable, pero no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entes oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado que fijan los privados”.

Fuente: La ARena