El Gobierno confirmó que tratará de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones para que pasen a estar atadas a la inflación en reemplazo del índice conformado por salarios y recaudación que rige desde 2009. El esquema actual permitió, salvo en 2014 y 2016, una mejora el poder adquisitivo del haber previsional. Es decir, si bien el sistema no logró dar respuesta a los shocks inflacionarios que sucedieron luego de las devaluaciones de fines de 2013 y fines 2015, el saldo total del período 2009-2017 es ampliamente positivo en términos de mejora de los ingresos de los adultos mayores. Si desde 2009 las jubilaciones se hubieran indexado por el cálculo más alto de inflación disponible en el sector privado, el haber mínimo sería 1000 pesos inferior al que rige en la actualidad.
“De los países de la OCDE ninguno actualiza por recaudación e impuestos las jubilaciones, por lo que hay una propuesta para que esto se pueda atar a la inflación”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y detalló que el aumento sería trimestral. Fue previo a las declaraciones del presidente Mauricio Macri en el encuentro con gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas en donde se refirió a que “el sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable” y que “no debería haber jubilaciones de privilegio”. Sólo los judiciales tienen un régimen especial. Los regímenes diferenciales corresponden a sectores en donde el trabajo exige un desgaste que se retribuye en una jubilación temprana.
Los números
Para evaluar el impacto de la reforma en la fórmula de movilidad no hay mejor argumento que remitirse a los hechos. En octubre de 2008, la ley de movilidad jubilatoria estableció que las prestaciones serían ajustadas automáticamente dos veces por año de acuerdo a una fórmula que toma la variación de los recursos tributarios que se derivan al sistema previsional y el índice general de salarios del Indec o el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables) de la Secretaría de Seguridad Social. El primer aumento se aplicó en marzo de 2009, cuando el haber pasó de 690 a 770 pesos. A partir de allí se aplicaron dos aumentos anuales. El último, de septiembre, dejó la jubilación mínima en 7246 pesos. El incremento entre marzo 2009 y septiembre 2017 es del 950 por ciento.
Este diario hizo dos cálculos de inflación desde ese momento hasta la fecha. Si se toman los indicadores de una serie de consultoras y el promedio de los institutos provinciales y al final del período los números del IPC del Indec y de CABA, el avance acumulado de los precios es de 692 por ciento. Al tomar el dato del IPC de la consultora Buenos Aires City que dirigía Graciela Bevacqua, desplazada del Indec por Guillermo Moreno, la inflación acumulada es del 808 por ciento. En consecuencia, si la indexación por inflación que propone el Gobierno se hubiera aplicado desde 2009, actualmente el haber mínimo sería de entre 5470 y 6265 pesos, según el indicador que se tome. Es decir que en el mejor de los casos, los jubilados cobrarían 1000 pesos menos por mes que en la actualidad.
La diferencia en favor de la fórmula de movilidad frente a la inflación equivale a la mejora del poder adquisitivo del haber previsional. Ese avance se dio a pesar de que las jubilaciones perdieron en 2014 unos 8 puntos porcentuales y en 2016 entre 10 y 12 puntos. El Gobierno difundió que el ahorro fiscal sería de unos 100 mil millones de pesos en 2018 si se aplicara la nueva fórmula. Es otra forma de ver la plata que dejarán de recibir los jubilados. “Todos tenemos que ceder algo”, es el slogan con el que Macri promociona su ola de reformas económicas.
Vientos del norte
El sistema previsional argentino está desde hace tiempo en la mira de los organismos internacionales. En un documento de abril de 2015 que salió a la luz un año después al ser publicado por la gestión de Alfonso Prat-Gay al frente al Ministerio de Hacienda y Finanzas, el FMI planteaba “la desindexación de sueldos y jubilaciones también podría ser una vía de consolidación fiscal y contribuiría a contener la espiral precios-salarios”. El tema también aparece en la minuta de recomendaciones del Fondo posterior a la “misión técnica” al país prevista por el Artículo IV que el Gobierno de Macri volvió a poner en vigencia. En la página 27 de ese documento hay un apartado sobre “El sistema provisional argentino: opciones de reforma”. “Los haberes provisionales están asociados al crecimiento de los salarios y al avance de los ingresos de la Anses. Esta fórmula genera que los haberes suban por encima de la inflación. Indexar los haberes a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el déficit actual en 20 puntos porcentuales del PBI”, plantearon en el Fondo. También la OCDE, el club de los países poderosos al que Macri quiere ingresar, dijo en un reciente informe que “el gasto en pensiones es alto y el envejecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema de jubilaciones”.
Los expertos
“Es un retroceso con consecuencias nefastas porque el índice de movilidad fue uno de los mayores logros en materia de seguridad social. La fórmula es procíclica: cuando hay crecimiento económico el sistema previsional se beneficia tanto por suba de salarios y por la recaudación. Y cuando hay recesión, el esquema funcionaba con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como equilibrador. Si hay un ahorro de 120 mil millones de pesos para el sistema previsional es porque lo pierden los jubilados”, indicó a este diario Miguel Angel Fernández Pastor, abogado, ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y Gerente de Normalización de Prestaciones y Servicios de la Anses durante la gestión de Sergio Massa.
“Es un profundo cambio jurídico porque la lógica de la movilidad jubilatoria es que esté ligada a los salarios porque se trata de un sustituto del sueldo”, consideró Federico Bobrovsky, Abogado previsionalista. “En 2014 y 2016 las jubilaciones perdieron frente a la inflación pero luego se recuperaron. El cambio del índice implica que los jubilados no participen del crecimiento de la economía”, indicó Eduardo Santín, especialista en seguridad social.
