El avance de las tomas de terrenos en el Gran Buenos Aires, empujadas por la necesidad o promovidas desde alguna organización indefinida, expone los matices que se imprimen en el Frente de Todos para un abordaje del problema. Y esa gama de posturas políticas retumban en la Legislatura, donde también se suman los posicionamientos de la oposición.
Algo de eso quedó moldeado la semana pasada en Diputados, donde el oficialismo rechazó el tratamiento de tres proyectos presentados por Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas. Uno –del vidalista Alex Campbell- planteaba “quitarle los planes sociales” a las persona u organizaciones que promuevan las usurpaciones.
El legislador platense Daniel Lipovetzky propuso declarar la “emergencia en materia de usurpaciones de propiedades privadas” mientras continúe vigente la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la prohibición de circular.
Vista aérea de la ocupación de tierras en el barrio Planeadores de La Plata, donde hasta 2014 funcionó una escuela de aviación.
El diputado opositor también presentó un proyecto aclaratorio de la ley 15.172, que suspende las ejecuciones hipotecarias y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre de este año en casos de viviendas con destino familia. Pretende dejar explícito que la suspensión debe regir solo para las ejecuciones que hayan sido iniciadas antes de la entrada en vigencia de esa norma, en marzo pasado.
En la última sesión del jueves, pretendieron incluir su tratamiento sobre tablas. Los representantes cambiemitas no consiguieron aval para esa discusión y el oficialismo remitió las presentaciones a su tratamiento en comisiones.
Todo esto, mientras en la provincia se registran hasta seis intentos de toma por día. Con municipios donde el crecimiento del fenómeno va casi a la par que el contagio por coronavirus. Como en Moreno, donde desde diciembre se registraron 130 intentos de usurpación; General Rodríguez donde las autoridades reconocieron que hay entre cinco y 10 tentativas por fin de semana. O en La Plata, que 20 días antes de la cuarentena unas 200 personas tomaron un predio de 160 hectáreas que ahora ya tiene asentadas 2.200 familias.
La reacción en Diputados fue frenar el debate, mientras se esperan instrucciones precisas desde el Poder Ejecutivo. Allí asoman las variantes dentro del oficialismo. Desde la posición más estricta que plantea el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hasta los posicionamientos más flexibles de algunos sectores vinculados con los movimientos sociales.
La iniciativa impulsada por Campbell parecía ir en línea con una definición del presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa. «Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es como que cada uno hace lo que quiere», había declarado el dirigente de Tigre cuando estalló el conflicto en Villa Mascardi (Río Negro) y aludía también a una toma al costado del FFCC Mitre, cerca de la localidad de Victoria.
Jorge D’Onofrio, diputado del FdT, de la vertiente Renovadora del massismo, no apoyó la moción del representante de Cambiemos. Prefirió una alternativa legal: “debemos otorgarle las herramientas a la Justicia para que actúe con eficacia. Si el hecho se consuma debe resolverlo un juez”.
En el bloque del oficialismo reconocen las diferencias. Susana González (presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales) admitió que “si Massa dijo eso, no estoy. En el Frente de Todos hay miradas distintas. Nosotros creemos que tenemos que diferenciar a las familias que por necesidad usurpan una porción de tierra, de los que cometen delitos y organizan tomas para después vender los lotes”.
En Juntos por el Cambio consideran que desde el gobierno bonaerense “promueven” las usurpaciones. Los más duros, sostienen que “las alientan con el apoyo de los movimientos sociales”. Otros creen que no hay acciones firmes para impedir la llegada de grupos con necesidades reales a terrenos y predios desocupados.
Anoche, en la Gobernación reproducían el twit de Axel Kicillof de hace tres días: “Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”. Este fin de semana, en La Plata hubo 12 detenciones en intentos de ocupación de lotes en Gonnet y en Olmos.
El gobierno rechaza las acusaciones opositoras y promueve una postura pragmática. “Cada vez que se ocupa un inmueble de manera ilegal se produce un retroceso en la lucha por el acceso a una vivienda digna. Porque donde se produce un asentamiento ilegal es mucho más difícil que después se puedan desplegar los servicios básicos”.
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