Los acusados por el asesinato de Jamal Khashoggi podrían ser ejecutados

El fiscal general de Arabia Saudita pidió castigar con la pena de muerte a los cinco sospechosos del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, cuyo juicio empezó este jueves en Riad con numerosos claroscuros. El periodista, que colaboraba con el diario estadounidense “Washington Post” y era crítico con el régimen saudita, fue asesinado el 2 de octubre por agentes sauditas en el consulado de su país en Estambul.

Este homicidio, que tuvo un gran impacto mediático a nivel mundial, salpicó la imagen de Arabia Saudita y algunos dirigentes turcos y estadounidenses implicaron en este caso al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. “Este proceso genera un gran interés a nivel internacional, pero también numerosas sospechas sobre si rendirán cuentas todos los responsables reales del crimen”, Ha Hellyer, miembro asociado del Royal United Services Institue.

El fiscal general solicitó la pena de muerte para cinco de los once acusados “debido a su implicación directa en el asesinato”. En respuesta, los abogados de la defensa pidieron que les comunicaran las acusaciones exactas que afrontan sus clientes y que les concedieran un periodo de tiempo para estudiarlas. El tribunal aceptó sus peticiones, aunque no comunicó la fecha de la próxima audiencia, mientras la investigación continúa, según según el comunicado.

El asesinato generó serias fricciones diplomáticas. El fiscal saudita explicó que las autoridades turcas no respondieron a sus dos peticiones para obtener pruebas sobre este caso. Turquía pidió la extradición de 18 sauditas detenidos en su país y sospechosos de estar implicados en este caso, pero Riad respondió que no contemplaba la extradición de ciudadanos sauditas a Turquía y aseguró que los sospechosos serían juzgados en su país.

Tras haber negado el asesinato del periodista y dado versiones contradictorias de los hechos, Riad reconoció finalmente que lo habían asesinado en el marco de “una operación fuera del control” del Estado, en la que estuvieron implicados dos altos responsables saudíes. Sin embargo, Ankara acusó a las “altas instancias” del Estado saudita. Medios turcos y estadounidenses, citando a fuentes de la CIA, aseguraron que fue el príncipe heredero Mohamed bin Salmán quien encargó el asesinato del periodista.

La imparcialidad de la justicia saudita, que señaló a 21 sospechosos e inculpó a 11 personas, en este caso es puesta en duda por defensores de los derechos humanos, por ejemplo, la directora de las campañas de Amnistía Internacional (AI) en Oriente Medio, Samah Hadid. “Dada la falta de independencia del sistema judicial en Arabia Saudita, la imparcialidad de la investigación y de todo el proceso es cuestionada”, afirmó Hadid.

Las autoridades sauditas anunciaron el 20 de octubre la destitución de cinco dirigentes, acusados de ser los responsables indirectos del asesinato. Uno de ellos fue el general Ahmed al Asiri, jefe adjunto de los servicios de inteligencia, que, según el fiscal, ordenó a un equipo de 15 agentes llevar “por su propia voluntad o por la fuerza” a Khashoggi a Arabia Saudita.

Saud al Qahtani, consejero de la Corte real que forma parte de los 17 funcionarios sauditas acusados por EE.UU. de ser “responsables o cómplices” del asesinato, fue otro de los destituidos, tras haber tenido supuestamente un rol clave en la expedición saudita en Estambul, pero se desconoce si él y los otros funcionarios serán procesados por la justicia saudita.

Khashoggi había escrito columnas críticas con el poderoso príncipe heredero saudita, el hijo del rey Salman. En un primer momento, el gobierno de su país negó que el periodista hubiese sido asesinado, pero después cambió su versión y recoció el asesinato semanas más tarde. Medios turcos publicaron imágenes de miembros del séquito del príncipe heredero en el consulado de Estambul antes del asesinato. El cuerpo de Khashoggi, que se cree que fue descuartizado tras su muerte, todavía no apareció.

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