Qué dice el nuevo Código Penal sobre las agresiones en los piquetes

La República Argentina se encuentra a un paso de modificar toda la legislación penal que rige la vida en sociedad, de manera tal que se modernice nuestro sistema jurídico –que data del año 1921- y se fortalezca la justicia, para así brindar una mejor calidad de vida para todas las personas que habitan nuestro país.

La Comisión para la Reforma del Código Penal, que tengo el honor de presidir, constituye el grupo de distinguidos juristas que durante más de un año y medio estudiaron la legislación vigente, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado y, tras mantener reuniones con expertos en diversos temas, elaboraron el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que el Presidente enviará al Congreso de la Nación este mes, para su discusión y aprobación.

En el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, en el marco del Título VII, referido a los delitos contra la seguridad pública, se incorpora como delito la conducta de quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de 1 mes hasta 2 años de prisión (art. 208).

A diferencia del Código Penal actual, para la configuración de este nuevo delito no resulta necesaria la efectiva producción de un resultado dañoso (delito de lesiones o daños), sino que basta con que una persona arroje cuerpos contundentes contra otra, en las circunstancias descriptas en el tipo penal aludido.

Además, el máximo de la escala penal se eleva a 3 años de prisión cuando los cuerpos contundentes o proyectiles estén dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad pública en el ejercicio de su función cargo o condición.

​El Anteproyecto de Reforma del Código Penal –al que también se denomina “nuevo Código Penal”- nace del debate entre distintos sectores políticos y geográficos del país, por lo que cuenta con consenso político. Es el fruto de múltiples reuniones con gobernadores y legisladores de diversas provincias y de distintos sectores políticos, quienes, en conjunto con los expertos en derecho penal que conforman la Comisión, lograron llegar a posturas en común respecto de temas centrales del Código Penal, teniendo en cuenta los intereses de toda la sociedad.

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