Condenan a prisión a los policías de la sedición de 2013

El tribunal les aplicó una pena de tres años de prisión efectiva, que se cumplirá cuando la sentencia quede firme. Los consideró culpables de alzarse en armas para arrancarle al gobierno de entonces un aumento salarial.
La Justicia condenó a cinco policías y ex policías a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autores del delito de sedición. A su vez, los inhabilitó por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos. En el mismo fallo, fueron absueltos otros siete agentes, dos por no ser acusados por el fiscal y los otros cinco porque no pudo probarse su participación en los hechos que fueron juzgados. La sentencia la dictó el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, compuesto por los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín.
Los condenados fueron Fernando Alberto Rolhaiser, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Carlos Daniel Mendibe y Diego Hernán López. Por decisión de los magistrados, su detención recién se hará efectiva cuando el fallo quede firme.
El fallo, de más de sesenta páginas, fue leído en la Sala de Audiencias 7, del Centro Judicial de Santa Rosa, por una empleada de la Oficina Judicial, sin la presencia de los jueces. Además de las condenas y las absoluciones, los jueces resolvieron remitir al fiscal de turno las fotocopias del acta de audiencia de debate con el objeto que se investigue si los testigos Hugo Alberto Echeveste, Ricardo Andalor y Eloy Rodríguez cometieron el delito de falso testimonio.

Absueltos.
Silvio Norberto Rojas y Roberto Germán Mora Bartolomé fueron absueltos porque no fueron acusados por el fiscal general Guillermo Sancho. El Ministerio Público Fiscal no encontró pruebas para fundamentar una acusación en contra de ambos, dados los testimonios que indicaron que no tuvieron participación en el delito. Rojas porque, si bien estuvo en el lugar de los hechos, no tuvo participación activa, y Bartolomé porque ni siquiera estaba en Santa Rosa cuando se realizó el levantamiento de los agentes.
José Luis Furriol, Daniel Narciso López, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Marcelo Ormaldo Cisneros y Carlos Daniel Gatica fueron absueltos porque los jueces concluyeron que no pudo probarse que “hayan tenido algún grado de participación” en los hechos investigados y “menos aún coautoría” de ellos.

Los hechos.
Los jueces consideraron que la marcha de protesta del 11 de diciembre de 2013, realizada por policías activos y retirados y sus familiares, desde la Plaza San Martín hasta el Centro Cívico se realizó en forma pacífica y no constituyó delito alguno. Sí consideraron que existió un hecho delictivo en lo ocurrido con posterioridad, es decir, el ingreso a la Jefatura de policía y al Cecom, donde funciona el número de emergencia 101, cuya línea fue interrumpida.
Para el tribunal no quedó “duda alguna”, de acuerdo a los testimonios de los jefes policiales y las autoridades provinciales de entonces, como el ex gobernador Oscar Jorge y el ex ministro de Seguridad Leonardo Villalba, y el resto de las pruebas documentales, que los empleados policiales Rolhaiser, López, Giménez, Bruno y Mendibe “tuvieron activa participación” en los hechos.

Doce peticiones.
“Ingresaron, junto a otros funcionarios policiales uniformados y de civil, los que portaban armas de fuego, en forma violenta y con ejercicio de la fuerza, al interior de la Jefatura de Policía, sita en intersección de calles Pellegrini y Escalante, de esta ciudad, haciéndose del mando de la misma, lo que permitía el poder de disposición libre de sus instalaciones y de las dependencias que allí funcionan, como también de la oficina del Cecom (contigua a Jefatura), donde funciona el 101 -llamados de emergencia-, obligando a los operadores a no atender los llamados, levantando el teléfono y cortando, interrumpiendo de esta manera su normal funcionamiento”, reza el fallo.
También les achacó haber expulsado por la fuerza a los comisarios Eloy Rodríguez y Francisco Icuza que en esos momentos se encontraban a cargo de la Jefatura y del Cecom, respectivamente, situación que se extendió desde la noche del 11 de diciembre al jueves 12 de diciembre de 2013, inclusive. “Estos hechos violentos llevados a cabo y descriptos, tuvieron como única finalidad exigirle al Poder Ejecutivo Provincial el cumplimiento inmediato de doce peticiones que por escrito le habían hecho llegar el mismo día 11 de diciembre en horario nocturno, y al no recibir la respuesta en forma inmediata que pretendían, se sucedieron los hechos referidos. La situación descripta finalizó en la noche del día jueves 12 de diciembre de 2013 al conceder el entonces Gobernador de la Provincia un aumento salarial”, dice la sentencia.

No participaron.
En el fallo, los jueces aseguran que no hubo pruebas respecto a la participación de los otros imputados: Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, José Luis Furriol, Marcelo Ormnaldo Cisneros y Luis Rodrigo Wiggenhauser. “No surge que los mismos hayan tenido participación en las acciones violentas de ingreso a la Jefatura y a la oficina del Cecom. No existe prueba alguna que de manera directa o indirecta involucre a los mencionados acusados durante la sucesión de los eventos referenciados”, sostuvieron Besi, Boulenaz y Tedín.
“Si bien Wiggenhauser y Furriol, participaron de la reunión con los funcionarios políticos del gobierno provincial, que se desarrolló en la madrugada del jueves 12 en el interior de la jefatura, conforme así quedó debidamente acreditado, ello no implica bajo ningún concepto, que por esa sola circunstancia hayan cometido delito alguno y menos el que se intenta atribuir”, añade el fallo, contradiciendo la postura del fiscal Sancho.
“Con relación a la situación procesal de Silvio Norberto Rojas y Roberto Germán Mora Bartolomé, debe hacer mención que Fiscalía no efectuó acusación”, sostuvieron luego.

Alzamiento.
En cuanto al delito imputado, los jueces consideraron que correspondía achacarles una conducta de “alzamiento en armas” para “arrancarle” al gobierno provincial las exigencias, o alguna de ellas, plasmadas en el petitorio entregado, en el caso un aumento salarial. “También se acreditó que actuaron en forma grupal, relativamente organizados y con absoluto conocimiento de las dependencias policiales que de una manera u otra debían ocupar. A esto debe agregarse, que alguno de los imputados portaban armas de fuego, y si bien no las blandían y tampoco las utilizaron, hacían ostentación de ellas, las que eran perfectamente visibles”, añadieron.
Para el tribunal, “el personal policial puede reclamar y peticionar respecto a sus eventuales derechos, cuya legitimidad no se pone en crisis, pero ello en modo alguno habilita al ejercicio de conductas lesivas del orden jurídico en el marco del reclamo de esos derechos”.

La pena.
Respecto al monto de la pena a imponer a los policías condenados por sedición, con mínimo previsto en un año de prisión y un máximo, en seis años, los jueces valoraron a favor de los acusados sus condiciones personales, sin antecedentes penales, su colaboración durante el proceso, postura y presencia en la audiencia y que siempre mantuvieron actividad laboral. En contra sopesaron el “daño institucional en cuanto se afectó no solo la institución policial sino el equilibrio propio del gobierno provincial”, que debió acudir al auxilio de fuerzas federales para garantizar el servicio de seguridad.
“En cuanto a la extensión del daño, se provocó temor, amedrentamiento y alarma social, se vivieron momentos desesperantes entre la ciudadanía, más que todo ante posibles saqueos de los comercios, a tal punto que éstos tenían la intención de armarse en protección de sus bienes ante posibles ataques vandálicos y ello sabiendo, desde ya, la ausencia de seguridad, vigilancia, la que había menguado”, explica el fallo.

Se el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*